Desarrollo del espacio habitacional en la Ciudad de México

Actualizado: 12 oct

*Jesús Casas Juárez mención honorífica de la **Primera Convocatoria para Escritos del Blog FundarqMX


El presente artículo es parte del proyecto de investigación formativa: “Vivienda Obrera Mínima. Un estudio antropológico de la ciudad, la vivienda y sus habitantes en Aarón Saenz, Venustiano Carranza”, el cual realizo en la carrera de grado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH.


La vivienda es la necesidad básica para cubrir la habitación del ser humano, tanto en las ciudades como en cualquier otro ámbito, y está mencionado jurídicamente: como derecho constitucional en México, el cual se refiere que: “Toda familia tiene derecho al disfrute de vivienda digna y decorosa [...]”.1 Siendo este fundamental para garantizar dignamente la habitación de las mujeres y hombres; Y es por eso, que este texto se pretende dar en manifiesto la prioridad para atender en cabalidad la habitación de nuestra especie con nuestras determinadas condiciones físicas y culturales.


El presente artículo aborda un análisis de cómo se ha manejado la necesidad de realizar vivienda de calidad, y que muchas veces, no ha sido adecuada lo hecho por el sector inmobiliario, y que ha estado desarrollando casas o departamentos fraccionados en conjuntos urbano-arquitectónicos producidos en serie, de acero y concreto armado. Siendo éstos espacios, productos de mercancía, con el fin de considerar la rentabilidad económica y las ganancias para éstas empresas constructoras.


Empezamos a decir que, la vivienda es el espacio fundamental para la vida doméstica, garantizando el disfrute de habitación; entonces afirmamos, que la ciudad es dinámica y está en constante cambio social en la organización, estructura y forma en relación con el medio físico que se encuentra el grupo humano. Así lo dice el arquitecto Antonio Rossi: “ [...] la ciudad es una gran obra colectiva de ingeniería que se desarrolla en el tiempo. Entendido como un proceso, el asentamiento implica la ocupación de un territorio, la antropización de un paisaje y la implantación de un sistema artificial, dinámico, que intercambia materia, energía e información con el exterior”. 2


En el contexto urbano, el espacio habitacional es mencionado como “vivienda” en los asentamientos humanos. Se asume un derecho constitucional que está en la mayoría de las naciones del mundo y en México presente en la Carta Magna desde principios del siglo pasado. Es a su vez, un “derecho humano”, aproximándose al estado de bienestar que toda persona debe aspirar.


En la producción del espacio habitacional se ha representado un objeto de cambio que moviliza recursos humanos, materia prima y recursos económicos; al igual que un objeto se produce por la mano de obra de las personas, adquiriendo doble función, por un lado, la necesidad de resguardar las necesidades individuales y colectivas del uso social; por otra parte, se vuelve una mercancía que se vende y compra a cambio de justificar su uso doméstico en el mercado.


El objetivo de producir vivienda y cumplir el resguardo de las actividades humanas se ve relegado debido a los problemas de carencia que se tiene por todos los sectores de la población. La producción habitacional en la ciudad, al ser un bien patrimonial mercantilizado, ha llevado consigo resultados ineficientes de función espacial e identificación cultural desde el proyecto arquitectónico, pasando en la ejecución de la obra y terminado en el uso cotidiano de la vivienda. La causa de los procesos de comercialización y producción en masa en que se ha construido el campo habitacional, se ha determinado en el proceso acelerado de la circulación, en el “[…]desarrollo de la producción mercantil y el intercambio que son condiciones necesarias del desarrollo capitalista[…]”3


Los problemas de no tener un hogar o vivir en las penurias con enormes carencias de habitabilidad, no cumple con los elementos indispensables de higiene y equipamiento para una vida digna; es un problema que se vuelve en una realidad común en América Latina y el Caribe, donde todavía a finales del siglo pasado, […]”en la década de los setenta, vivieron poco más de ciento cincuenta de personas; más de la mitad de los latinoamericanos viven apiñados en viviendas insalubres”[…],4 resultado por la falta de políticas de Estado donde quedó desprotegido el sector vulnerable de la población.


Estas ineficiencias se vislumbraron como un pozo descomunal ya que para resolverlo habría que construir “anualmente unas 4 millones de zonas habitacionales durante 15 años.”5 Los datos nos expresan que no ha sido posible construir más de dos millones de viviendas por año, por lo que el pozo se ha cavado a enormes proporciones. Aunado a esto la tasa de crecimiento es la mayor del mundo por lo que se puede suponer que en las próximas décadas la población en nuestra región se triplique. En la Ciudad de México, “[...] el impacto a la solución habitacional masiva al alcance de los sectores populares ha sido en el acceso al suelo a través de los procesos de urbanización irregular y la auto producción de la vivienda, llamada urbanización popular.”6


La acelerada urbanización está ejerciendo presión sobre el uso de suelo, principalmente para el uso habitacional. Es por ello que las políticas públicas están relacionadas a la irregularidad del uso del suelo, descontrol del desarrollo urbano y la falta del acceso al suelo para la población. Desafortunadamente es limitado el sistema gubernamental e ineficiente el marco jurídico; por lo tanto, el Estado no cuenta con la suficiente facultad para la intervención en materia de vivienda.


Esto ha llevado a la promoción de asentamientos irregulares y el olvido de una planeación urbana. Sistemas que se restringen de la entrega de tierras y viviendas formales; familias cuyos ingresos y capacidad de ahorro es casi nula, las cuales no tienen posibilidad para la obtención de suelo y así formar un patrimonio a posteridad. Así se ocasiona que cada vez más personas opten por vivir en asentamientos precarios en las afueras de los centros urbanos.


En México, el proceso masivo de producción de la ciudad por la apropiación ilegal del suelo, es identificado con la informalidad y precariedad de la vivienda. La formación de comunas populares se debe a la materialización de la vivienda por medio de la autoconstrucción, lo cual representa un 60 por ciento de la edificación popular, siendo la solución práctica en el enorme déficit de atención a la vivienda en México Según datos avalados por INFONAVIT se agravará el incremento en el costo por auto construcción de hasta el 90%.7


El ámbito “formal” de vivienda está cubierto por el sector privado en América Latina, en nuestro país nos han hecho creer que se ha iniciado desde hace poco más de dos décadas la construcción de viviendas terminadas y de calidad, sin embargo estos proyectos habitacionales no cuentan con seguridad estructural, servicios básicos de infraestructura, servicios urbanos como agua, alumbrado público, electricidad, transporte, equipamiento urbano de interacción social de escuelas, parques y centros deportivos, requeridas para un habitar digno y de calidad. Por si fuera poco, uno de los ganchos que se les ofrece a los usuarios es que responsablemente ellos están cubriendo la normatividad correspondiente avalados por órganos internacionales que les proporcionan a las inmobiliarias certificadas para la construcción de vivienda.


A finales de la década de los setenta, el sistema gubernamental mexicano propició la llegada en la capital de una nueva oleada masiva de inmigrantes provenientes del campo y otras ciudades de la República. Esto determinó una altísima demanda de vivienda y servicios básicos en las periferias de la capital, esto llevó a cabo el crecimiento poblacional de las ciudades por medio de asentamientos o villas que rodeaban los pueblos y barrios originarios.


De acuerdo con Connolli, “[…] la formación y crecimiento de las colonias populares, definidas como asentamientos irregulares (comprendidos los correspondientes a tierras ejidales y comunales), proveen por lo menos 50% de la vivienda urbana en México en la actualidad. La producción de vivienda se estima que el 60% es atribuible al sector popular”.8


En el momento posterior a los movimientos telúricos de 1957, 1985 y 2017 en la Ciudad de México, marcaron la fisonomía, la imagen y la vida de una nueva ciudad. Después de lo ocurrido y debido a la ineficiencia del gobierno, miles de afectados recurren atender la emergencia, ayudándose unos a otros; esto es la toma de poder que las y los pobladores capitalinos ejercieron, con esto surgen los movimientos sociales urbanos y se vuelven actores centrales de la vida en la ciudad hasta nuestros días.


Con el fin de atender la emergencia habitacional, la sociedad civil realizó cohesión social y apoyo mutuo que produjo cambios sociales significativos, surgiendo hasta ese entonces la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), cuyo espacio se involucra en la reconstrucción de la ciudad. Cuauhtémoc Abarca, menciona:


Pasado el temblor, desde los primeros momentos, los mismos vecinos organizaron las tareas de rescate. Eran miles de vecinos ayudando. Una cosa muy hermosa fue que formaron un importante número de cadenas humanas en las cuales, los que estaban dentro de los escombros, llenaban las cubetas para ir abriendo camino a donde se oían voces y pasaban las cubetas de mano a mano. Es increíble, no fue automático pero media hora después del sismo ya había una organización.9


Al raíz del sismo de 1985 se aplicaron programas derivados de la promulgación de la Ley Federal de Vivienda, la cual estableció la conformación de instrumentos para promover a las instancias gubernamentales , sociedad civil y sector privado para dotar a las familias vivienda digna y decorosa, señalando las disposiciones de ley como de orden público e interés social. Entre 1983 y 1987 era necesario efectuar 338,580 acciones en el Distrito Federal para disminuir en un 60% el déficit calculado para 1980 y responder a la demanda habitacional de la capital; este cálculo no respondía a la reposición de viviendas destruidas en los sismos de 1985.10 Esta incapacidad tiene que ver con la constante escasez de administrar los recursos públicos en la acción de la vivienda.


Con el paso de la década y la política propuesta en el sexenio de 1988 a 1994, se aprobó por la Cámara de Senadores al siguiente año la privatización de la banca por medio de la reforma constitucional a los artículos 27, 28 y 123. Una de las consecuencias se vio en los sistemas de financiamiento de la vivienda en el país. Esto provocó especulaciones y aumento de créditos para la obtención de vivienda. Primero en 1992 y 1994, mas de 125 mil créditos por año para vivienda nueva. “Con ello, la cartera hipotecaria de vivienda media y residencial de la banca comercial pasó del 29% del total en 1990 al 63% en 1993”.11


Las características de producción de vivienda se destacan por el modelo central que seguimos llevando acabo para concentrar las necesidades de empleo y educación; los poderes económicos y políticos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, hacen una referencia básica a la producción del libre mercado en la vivienda terminada. La práctica popular es desacreditada por la producción capitalista que provoca fundamentalmente los asentamientos irregulares en las periferias de las ciudades para que ahí puedan habitar los sectores más desprotegidos de la población. Enrique Soto señala que la propiedad ejidal no se exenta de las “expectativas inmobiliarias […]; y la ocupación informal de los ejidos al desarrollo urbano […]”, impactan al suelo de manera ambiental y urbana , cuyos principales problemas son: “fragmentación del espacio natural, afectación de la recarga hídrica, emplazamiento en zonas de protección, deforestación de zonas de valor ambiental, incremento de costos relativos de ingresos para tener acceso a los servicios urbanos en espacios habitacionales, la carencia de equipamiento urbano […]”.12 Con la continuación de estas problemáticas antes señaladas, padeceremos en mayor medida, una aguda penuria de vivienda en México.


De vuelta a la realidad social en la que estamos sumergidos y dentro de las trincheras de la academia, que estudiamos e intervenimos en las condiciones habitacionales de ayer y hoy en nuestras regiones; se proponen estrategias acordes a los recursos humanos, gubernamentales, jurídicos y factores físicos como suelo, clima, vegetación, etcetera, que nos proporciona el sitio donde estará emplazada la vivienda. Necesidades de habitación para la y el usuario contemplándolos como miembros de una familia, o simplemente, como individuos que utilizarán un cascarón arquitectónico, normalmente construido de concreto armado para cumplir con el uso de refugiarse. Una de las conclusiones en materia del financiamiento es que se debe de modificar la política habitacional, donde nos han demostrado que no ha tenido un criterio financiero para el diseño y operación de programas a corto, mediano y largo plazo. El desinterés del Estado es una de las razones que han provocado la carencia de espacios habitacionales adecuados, dejando que toda responsabilidad se lleve atendido por empresas inmobiliarias. Ante tales previsiones se reitera la necesidad de modificar el modelo de desarrollo tradicional de financiamiento, producción y adquisición en el sector inmobiliario.


Cambiar hacia otro rumbo el crecimiento urbano cada vez se expande como solución única provista por el Estado para dar paso a conjuntos habitacionales verticales de vivienda que impliquen menor consumo de suelo; optimización de la infraestructura y el equipamiento; mayor cantidad de espacios públicos, además redunden en un menor costo de vivienda.


La problemática nacional en materia de desarrollo urbano y vivienda ha generado una visión decadente del Estado, para la inclusión de las prioridades de agenda del gobierno federal. Para alcanzar la garantía constitucional relativa a la vivienda debemos seguir como ejemplo los movimientos sociales transcurridos en Ciudad de México, conformado minutos después del temblor del 19 de septiembre de 2017.


“Damnificaos Unidos de la Ciudad de México es un movimiento social que resultó de la organización de las personas afectadas por el sismo del 19s17 en las diferentes alcaldías que conforman la capital del país.” 13


Un verdadero reto por el alto índice de crecimiento demográfico y grandes zonas de precariedad, tanto en los contextos rural como urbano. La labor de las y los arquitectos paisajistas, urbanistas, planificadores territoriales, arquitectas y arquitectos al respecto debería ser reivindicada en consonancia con las ideas que en el pasado resultaron positivas, al menos alentadoras y devolver al espacio habitacional su función social.


Referencias

[1] D.O.F. (2021)” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”. Artículo Cuarto,Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

[2] ROSSI A. (1971). La arquitectura de la ciudad. Ed. G. Gili, Barcelona

[3] PADILLA E. (1983). “El problema de vivienda en América Latina”. FLASCO-México. pp.11

[4] GALEANO E. (1971). “Las Venas Abiertas de América Latina”. Siglo XXI Editores, México. pp.18

[5] DEFFIS A. (2000). “Vivienda Social”. Sociedad de Arquitectos Ecologistas de México. México. pp.15

[6] DUHAU E. (1991). “Urbanización Popular y Políticas de Suelo en la Ciudad de México”. UAM-Azcapotzalco. México, pp.67

[7] DEFFIS A. (2000). “Vivienda Social”. Sociedad de Arquitectos Ecologistas de México. México. pp.16

[8] CONNOLLY P. (1989) pp. 170-171

[9] TOVAR DE TERESA G. (2007) “La Ciudad de México. Crónica de sus Delegaciones”. Secretaria de Educación GDF. Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. México. pp.287-290

[10] VILLAVICENCIO J. (1999). “Acción habitacional y vivienda popular. Una propuesta de programa”. UAM-Azcapotzalco. México.

[11] BARRAGÁN J.I. (1994). “100 años de Vivienda en México”, Mty NL. Urbis Internacional S.A. de C.V. pp. 96

[12] SOTO E. (2012). “El suelo de origen social", en Urbanismo. Temas y tendencias, FA - UNAM, pp.227

[13] DOMÍNGUEZ O. (2021) “Volver a casa. Los damnificados del sismo del 19s, pérdida patrimonial y reconstrucción”, Editores Navarra, México, pp.232


* Jesús Casas Juárez cuenta con estudios en Arquitectura de Paisaje por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es estudiante de grado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH. Con el estudio de paisaje, se muestra interesado en la docencia, la investigación antropológica y el trabajo de campo sobre los procesos culturales, históricos, sociales y habitables en la vivienda, la ciudad y el territorio que van construyendo los grupos humanos.


**El presente texto fue seleccionado mención honorífica entre todos los participantes por un jurado multidisciplinar de diez profesionistas vinculados a la arquitectura, literatura, investigación, redacción y publicación. Consulta a los ganadores aquí



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