"Solicitudes de los damnificados por el sismo del 19s 2017 al gobierno de la CDMX

“No hay obligatoriedad de nada en la vivienda, nadie te lo exige. Tampoco hay una guía para saber qué hacer y lo hicieron de momento, debe haber una claridad de parte del gobierno para que los condóminos sepan qué hacer y a donde ir, a dónde acudir, es una claridad de actuar”


-Habitante de multifamiliar dañado por el sismo del 19s 2017 en la CDMX


Como se ha mencionado en esta serie de artículos, la vivienda ha sido la tipología de edificios más gravemente afectada como consecuencia de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.


Constantemente se ha hablado de la relación que tiene la participación del gobierno frente a la regulación de la vivienda multifamiliar en el contexto de la ocurrencia de un sismo. Sin embargo, aún se tiene poca claridad con respecto al actuar puntual de cada uno de los actores relacionados en esta regulación.


Es así como se procede a realizar un acercamiento con las personas que resultaron damnificadas como consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 Mw.7.1 para revisar en términos generales cómo se entendía en aquel momento el actuar de ambos sectores frente al desastre.



Figura 1. Proceso de rehabilitación de un edificio de vivienda multifamiliar en la CDMX a través de la Comisión para la Reconstrucción. Créditos fotográficos: Vania Catalán. Marzo 2020.

Se observó entonces que uno de los principales descontentos entre los vecinos damnificados fue la poca claridad del actuar gubernamental. Aquéllos comentaron que al resultar dañado su inmueble, no sabían a qué entidad acercarse para pedir asesoría ni cuáles eran las responsabilidades atribuibles al gobierno y cuáles a los dueños de las viviendas multifamiliares.


En el caso del acceso al FONDEN (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales), en aquel entonces no se sabía con claridad quiénes tenían este derecho, ya que estaba destinado principalmente a personas con alta marginación. Un habitante de vivienda multifamiliar menciona: “nos parecía injusto que tuvieran acceso preferente las personas altamente marginadas porque para nosotros, todos nos habíamos quedado sin hogar, esto nos hacía vulnerables de forma igualitaria”.


Adicionalmente, a un mes de haber ocurrido el evento, no se tenía todavía información, no había protocolos claros sobre cómo se iban a reconstruir y/o rehabilitar sus edificios de vivienda. Mencionan los vecinos que atravesaron momentos de alta incertidumbre y desesperación debido a que en las entidades gubernamentales cada área sabía únicamente lo básico y había desconocimiento respecto a cuál era el área competente para dar información a los damnificados.


Con relación a ello, la forma en que las personas se enteraron paulatinamente de las acciones puntuales del gobierno fue a través de la organización vecinal, en donde de persona a persona se compartían la información; sin embargo, mencionan que todos los procesos fueron muy lentos y que la manera de agilizarlos era conociendo a algún funcionario público o bien a través de contactos y conocidos, ya que, de no hacerse de esta forma, cada uno de los casos podía tardar meses en ser revisado.



Figura 2. Interior de un edificio de vivienda severamente dañado en proceso de rehabilitación. Créditos fotográficos: Vania Catalán. Septiembre 2019.

Adicionalmente, los condóminos comenzaron a sentir desconfianza hacia el actuar por parte del gobierno, no tenían certeza de cuáles eran sus competencias y hasta qué punto el gobierno podría llegar a exigir o condicionar estos apoyos. Muchas personas no aceptaron los apoyos y preferían llevar su caso con particulares o a través de fundaciones.


En muchos casos se observó que los vecinos no aceptaban la demolición del inmueble por diversas razones, entre las que estaban el no querer la redensificación del inmueble. El punto central de esto era que ellos percibían que, con esta redensificación, el gobierno y el sector constructivo se estaba “aprovechando” de sus viviendas para hacer negocio.



En algunos de los casos de estudio, en su mejor ámbito, el edificio se demolía en un promedio de tiempo de alrededor de 3 meses. Los damnificados se organizaron en grupos y redes de apoyo, que en muchos casos generaron algunas guías de actuación para conocer cómo debían proceder para recuperar sus viviendas multifamiliares. Pero todo se iba realizando sobre la marcha, todo iba surgiendo conforme los días pasaban.


Otro punto importante es que los vecinos mencionan algunos tratados internacionales en los que México es país signatario y en donde se ha mencionado el derecho a un nivel de vida adecuado y los desplazados internos. Ante éstos también sería viable solicitar apoyo.



Figura 3. Interior de un edificio de vivienda severamente dañado en proceso de rehabilitación. Créditos fotográficos: Vania Catalán. Septiembre 2019.

Otro factor que afectó los procesos de entendimiento del actuar fueron algunas acciones que tomaron tintes políticos. Una vecina menciona: “te pedían apoyo a la campaña política para que tuvieras acceso al apoyo, es decir, si tú formabas parte activa de la campaña, tenías más posibilidades de que te contactaran con gente que estaba involucrada con la Comisión para la Reconstrucción”.

En relación con los tiempos de desarrollo, se mencionó que lo importante era ser de los primeros edificios en rehabilitarse o reconstruirse porque el recurso se podía acabar y los vecinos tenían que presionar insistentemente a los funcionarios para que no se olvidaran de su caso.


Después de más de dos años y medio del evento sísmico, con la emergencia sanitaria por Covid-19 las obras se detuvieron por un tiempo y después continuaron. Sin embargo, este factor ocasionó el retraso aún por más tiempo de la reconstrucción o rehabilitación de los inmuebles.


De forma generalizada, se observa un descontento muy claro entre las personas que resultaron damnificadas como consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 debido a la escasa claridad del actuar, tanto de la parte gubernamental como de los demás actores involucrados. Adicionalmente, la normativa es muy ambigua. No hay forma de tener certeza en cada acción posterior al desastre.


Adicionalmente, los vecinos damnificados mencionan que ellos estarían dispuestos a considerar ciertas acciones para proteger su patrimonio; no obstante, el gobierno no exige nada con relación a la vivienda multifamiliar, tampoco se ha sancionado a las personas que hayan modificado la estructura del inmueble olas instalaciones del edificio; no se exige un mantenimiento preventivo y tampoco se exige una revisión periódica al edificio; es decir: en el contexto de la ocurrencia de un sismo, no hay obligatoriedad de nada con respecto a la vivienda multifamiliar.


*La autora agradece al Instituto de Ingeniería en las Coordinaciones de Ingeniería Sismológica y Estructural por las facilidades brindadas para el desarrollo de esta investigación, así como a FUNDARQMX por este espacio de difusión.


*De forma especial, la autora agradece la colaboración de las personas que resultaron damnificadas como consecuencia de los sismos 19s para esta investigación, por su entusiasmo y el apoyo para la difusión de la información.


  1. Alcántara-Ayala, I. (2019). Desastres en México: mapas y apuntes sobre una historia inconclusa. Investigaciones geográficas, (100).

  2. Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

  3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (1966). El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

  4. Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Vivienda

  5. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. ONU

  6. México: Cámara de diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  7. Nueva Agenda Urbana. ONU-Hábitat

  8. ONU-Hábitat, (2010). El derecho a una vivienda adecuada. Folleto informativo Nº1/Rev. 1.

  9. Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

  10. SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024

  11. Silva, L.M. Crónica de seis siglos de sismos en México: lecciones aprendidas y perspectivas. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. 2019

  12. UNDRR (2021), Informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).


27 vistas0 comentarios